Sábado Junio 16 de 2012
La Contraloría General de la República está a punto de concluir una auditoría realizada sobre un dudoso convenio firmado por el gobierno aprista en el 2008, y cancelado con más dudas aún al año siguiente, entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura (OEI), para la remodelación y construcción de hospitales en la Región Ica por un monto cercano a los 250 millones de soles.
En el año 2008 Rómulo León Alegría llegó al despacho de Hernán Garrido Lecca, -por entonces Ministro de Salud- para avalar a un tal José López Soria. Este personaje resultó ser nada menos que representante de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Dos días después de esa famosa reunión se publicó en el diario El Peruano la resolución suprema 007-2008-SA, que aprobaba un acuerdo marco entre el MINSA y la OEI. El convenio otorgaba a esa institución internacional la licitación para la reconstrucción de hasta tres hospitales en el sur del país, tras la devastación del terremoto del 2007, entre ellos el Hospital San Juan de Dios (Pisco) y el Santa María del Socorro (Ica).
Luego, el caso de los ‘Petroaudios’ y los lobbies apristas explotarían en el rostro del Ejecutivo, y entre las ya famosas conversaciones sobre ‘faenones’ se descubriría una entre León Alegría y José López, sí, el mismo de la OEI. León, según muestra el audio, concertó entonces con el funcionario los términos de las condiciones que la organización presentaría ante el Ministerio de Salud para administrar la concesión en la construcción de los hospitales, que contemplaba un gasto de 241 millones 307 mil 766 soles para el Estado.
El escándalo motivó el cambio de ministros por parte de Alan García, quien designó, entre otros nuevos funcionarios, a Óscar Ugarte Ubillúz como cabeza del Minsa. El sucesor de Garrido Lecca pretendió ‘tenerla clara’ desde un principio, y tras señalar que la licitación otorgada a la OEI no sirvió para los fines planteados, condenó el retraso en el inicio de obras evidentemente necesarias para localidades afectadas por un sismo, y procedió a cancelar el acuerdo en julio del 2009.
El problema para los implicados es que, según la Contraloría, todo el proceso –desde la firma hasta la rescisión del contrato- pudo presentar vicios, en principio porque el órgano de control del Estado no pudo intervenir para auditar la cancelación ya que se había iniciado –convenientemente- un arbitraje previo entre el Estado y la OEI.
A fines del 2010 se conoció que el Minsa pagó a la OEI un millón 87 mil 95 soles de indemnización. La Contraloría inició en octubre del 2011 la investigación que en julio de este año deberá finalizar, y de esta manera responder si se cumplieron las normas y leyes vigentes, así como los lineamientos establecidos para la selección de proveedores y ejecución de obras públicas.
