Miércoles 08 de agosto del 2012
Plantean una visión humanista y de equidad social para personas con discapacidad.
Congresista Rosa Mavila critica postura del Ejecutivo al observar Ley General de la Persona con Discapacidad. Para Mavila, el Ejecutivo defiende los intereses de los actores del libre mercado sobre opciones humanistas y de equidad social.
“Si bien el Ejecutivo tiene la facultad de observar la autógrafa es indignante y antipolítico que el Ejecutivo pretenda dar en la brevedad posible un proyecto de ley alternativo sobre dicha materia», fue la opinión de la congresista Rosa Mavila, acerca de la serie de observaciones del Ejecutivo a la Ley General de la Persona con Discapacidad.
La autógrafa observada fue originalmente una Iniciativa Legislativa Ciudadana con más de 120 mil firmas y recogía varios proyectos de ley de diversos congresistas.
“En siete sesiones de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad la debatimos, recibiendo las opiniones favorables de los sectores pertinentes, así como del CONADIS. Finalmente, ya en el Pleno del Congreso, el Proyecto de Ley fue discutido y aprobado por unanimidad por 106 congresistas presentes”, asegura la parlamentaria.
Entre las observaciones a la referida ley, el Ejecutivo señala que el mencionado Proyecto de Ley tiene una imprecisión al reconocer en su artículo 9-1 la «capacidad jurídica» plena de la persona con discapacidad. Al respecto la congresista Mavila señala que la «capacidad jurídica» engloba tanto la capacidad de goce como la capacidad de ejercicio; sin embargo, debemos rechazar la idea, implícitamente mantenida por el Ejecutivo, de que la vigencia de los derechos de la persona con discapacidad generaría sobrecostos y que, por lo tanto, es necesario que el discapacitado solo pueda ejercer los derechos “baratos”.
La segunda observación del Gobierno a la autógrafa señala que su artículo 6-2, al establecer que el Conadis tiene potestad sancionadora respecto de las entidades públicas como privadas que no cumplan con las normas de accesibilidad para las personas con discapacidad, colisionaría con lo establecido por la Ley Orgánica de Municipalidades. “Consideramos que, en realidad, lo que se pretende es mantener la subordinación de la vida a las reglas del mercado con la consiguiente reducción del ser humano a un mero consumidor”, señala Mavila.
Finalmente, la congresista nos recuerda que el artículo 4 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que el Perú debe asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos de las personas con discapacidad. El estado peruano tiene la obligación de adoptar todas las medidas legislativas y administrativas pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en dicha Convención.
La autógrafa observada fue originalmente una Iniciativa Legislativa Ciudadana con más de 120 mil firmas y recogía varios proyectos de ley de diversos congresistas.
“En siete sesiones de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad la debatimos, recibiendo las opiniones favorables de los sectores pertinentes, así como del CONADIS. Finalmente, ya en el Pleno del Congreso, el Proyecto de Ley fue discutido y aprobado por unanimidad por 106 congresistas presentes”, asegura la parlamentaria.
Entre las observaciones a la referida ley, el Ejecutivo señala que el mencionado Proyecto de Ley tiene una imprecisión al reconocer en su artículo 9-1 la «capacidad jurídica» plena de la persona con discapacidad. Al respecto la congresista Mavila señala que la «capacidad jurídica» engloba tanto la capacidad de goce como la capacidad de ejercicio; sin embargo, debemos rechazar la idea, implícitamente mantenida por el Ejecutivo, de que la vigencia de los derechos de la persona con discapacidad generaría sobrecostos y que, por lo tanto, es necesario que el discapacitado solo pueda ejercer los derechos “baratos”.
La segunda observación del Gobierno a la autógrafa señala que su artículo 6-2, al establecer que el Conadis tiene potestad sancionadora respecto de las entidades públicas como privadas que no cumplan con las normas de accesibilidad para las personas con discapacidad, colisionaría con lo establecido por la Ley Orgánica de Municipalidades. “Consideramos que, en realidad, lo que se pretende es mantener la subordinación de la vida a las reglas del mercado con la consiguiente reducción del ser humano a un mero consumidor”, señala Mavila.
Finalmente, la congresista nos recuerda que el artículo 4 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que el Perú debe asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos de las personas con discapacidad. El estado peruano tiene la obligación de adoptar todas las medidas legislativas y administrativas pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en dicha Convención.
